La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció respecto a la multa de 198 mil soles impuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) debido al presunto uso indebido de fondos públicos destinados a su partido. Esta sanción surge tras detectar irregularidades vinculadas a viajes realizados por Fujimori a extranjero, donde se alegó que dichos movimientos eran para capacitaciones que no cumplen con los criterios establecidos por la ONPE. Ante esta situación, la candidata aseguró que su agrupación apelará la decisión, defendiendo la legitimidad de dichos encuentros como parte de embajadas académicas y políticas.
Fujimori afirmó que los viajes en cuestión, específicamente uno a San Francisco, fueron académicos y detalló que ambos, incluyendo a su asesor Pacheco del Águila, participaron en estos eventos educativos. La candidata enfatizó que todo gasto relacionado está debidamente sustentado, para evitar cualquier acusación de malversación de fondos públicos. En su defensa, enfatizó que los viajes del equipo también incluyen actividades políticas, como lo fue el caso del viaje del excongresista Miki Torres, asegurando que tienen una base sólida que espera demostrar ante las autoridades competentes.
La exmandataria también aprovechó su discurso para referirse a un proceso paralelo que enfrenta Roberto Sánchez por un presunto desvío de fondos que habrían perjudicado a la agrupación Juntos por el Perú. Fujimori manifestó su deseo de que se realice una investigación transparente y respetuosa del debido proceso, subrayando que la integridad del Ministerio Público está en juego. Esto implica que cualquier actuación debe ser vigilada para no caer en el ámbito político, un asunto que ha generado preocupación tanto en su partido como en la ciudadanía en general.
Durante su visita a Puerto Pizarro en Tumbes, Fujimori hizo un llamado a que la justicia actúe con transparencia, haciendo un énfasis en la importancia que tiene el respeto al debido proceso en todas las investigaciones de este tipo. «Es esencial que los ciudadanos demanden que las instituciones actúen con integridad, ya que en juego está la confianza pública hacia las autoridades», declaró la candidata. Esta demanda de claridad es fundamental en un contexto donde las acusaciones políticas y la legalidad frecuentemente se entrelazan.
La respuesta de Fujimori y su equipo ante esta reciente controversia marca un punto crucial en su campaña presidencial, dado que se encuentra en una lucha no solo por la aprobación del electorado, sino también por su reputación pública y la legitimidad de su partido. A medida que avanza la campaña, será interesante observar cómo estas cuestiones afectarán su apoyo y la respuesta del público frente a las alegaciones, así como la relevancia que tendrán en la eventualidad de futuras elecciones.
