Veinte años después de su creación, el Examen Periódico Universal (EPU) se enfrenta a un punto crítico en su trayectoria. El cuarto ciclo está pronto a concluir, abriendo la puerta a la preparación del quinto, lo que invita a replantear las dinámicas de este mecanismo internacional. Esta revisión no solo se centra en optimizar procedimientos, sino que plantea una cuestión esencial: ¿cómo garantizar que las recomendaciones surgidas en Ginebra provoquen un cambio significativo y sostenido en los países? La urgencia de esta reflexión fue evidente en el reciente Retiro de Rabat, donde participaron diversas entidades, con un enfoque inclusivo que resalta la importancia del diálogo intergubernamental y la participación activa en el ámbito de los derechos humanos.
El Retiro de Rabat, llevado a cabo los días 5 y 6 de junio, propició un ambiente propicio para discusiones profundas, alejándose de las convenciones típicas. Asistentes de diferentes orígenes, incluidos Estados, instituciones de la ONU y representantes de la sociedad civil, fomentaron un debate abierto sobre cómo el EPU puede volverse más efectivo. Este enfoque diverso es fundamental, ya que reviste la necesidad de entender el futuro del EPU desde múltiples perspectivas, no solo centradas en los exámenes formales, sino también en la formulación y aplicación de dichas recomendaciones, teniendo en cuenta el impacto directo en las sociedades locales.
Uno de los mensajes más contundentes surgidos de Rabat es que el EPU debe ser más que un mero mecanismo de recomendaciones: debe transformarse en un ciclo continuo de compromiso político en cada país. A medida que el EPU ha acumulado un vasto número de recomendaciones durante dos décadas, el verdadero desafío para el futuro radica en cómo integrar estas propuestas en los procesos políticos nacionales. Es esencial que la preparación, el examen y el seguimiento se vean como partes de un todo, donde cada fase del EPU esté interrelacionada y trabaje en conjunto para garantizar que las recomendaciones se conviertan en acciones concretas.
La discusión sobre los Mecanismos Nacionales de Aplicación, Presentación de Informes y Seguimiento (NMIRF) resulta crucial en este contexto. Aunque tradicionalmente se han visto como herramientas para la elaboración de informes, su función debe evolucionar hacia ser puentes efectivos entre la gobernanza nacional y el sistema internacional de derechos humanos. Un NMIRF robusto no solo facilitaría la implementación de las recomendaciones, sino que también integraría los compromisos internacionales en la planificación nacional de políticas. Esto es especialmente relevante de cara al quinto ciclo del EPU, donde la coordinación entre varios ministerios y entidades gubernamentales será la clave para evitar que las recomendaciones se conviertan en compromisos aislados.
Finalmente, los debates en Rabat subrayan que la efectividad del EPU no debe ser responsabilidad exclusiva del poder ejecutivo. La implicación de diversos actores, incluyendo parlamentos, sociedad civil y autoridades locales, es vital para una aplicación y seguimiento exitosos. Este enfoque amplio permite que las recomendaciones en derechos humanos se conviertan en un asunto de toda la sociedad, no exclusivamente del gobierno. Así, el reto reside en fortalecer un ecosistema nacional donde cada institución entienda su rol en el proceso de implementación, contribuyendo a que el EPU no solo genere recomendaciones, sino que logre mejoras tangibles y medibles en el disfrute de los derechos humanos. La verdadera transformación del EPU durante los próximos veinte años dependerá de su capacidad para interconectar el compromiso internacional con las realidades nacionales.
