El alcalde de Magdalena, Francis Allison, se pronunció sobre la denuncia constitucional interpuesta por Renovación Popular contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo. Esta controversia surge tras la decisión del JNE de aceptar la acreditación de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima. En una entrevista con Canal N, Allison no dudó en calificar la denuncia como un «mamarracho jurídico», argumentando que carece de fundamento legal para acusar a una autoridad que simplemente ejerce su deber de acuerdo con la Constitución.
Allison subrayó que la Constitución es clara al prohibir la reelección inmediata de las autoridades municipales, lo cual, según su criterio, valida la resolución tomada por el JNE. «La Constitución dice de manera expresa que no hay reelección inmediata, y esto es una reelección inmediata. Denunciar a una autoridad por hacer cumplir la ley no tiene ningún asidero legal ni lógico», expuso con vehemencia durante la entrevista.
Sin embargo, el burgomaestre también hizo hincapié en que la falta de un pronunciamiento anticipado por parte del JNE podría haber creado confusiones entre los electores y los candidatos. Para Allison, un pronunciamiento oportuno por parte del organismo electoral habría permitido una comprensión más clara de las reglas y procedimientos antes de la celebración de las elecciones. «Rafael López Aliaga se molesta, pero él y el jurado son responsables de esta crisis», sostuvo.
En un tono crítico, el alcalde manifestó que la controversia y la denuncia contra Burneo no deberían prosperar, al considerar que este tipo de actos genera un clima político de confrontación que perjudica a todos. Denunció lo que calificó como una dinámica política basada en ataques y descalificaciones, instando al JNE a desempeñar su papel como la máxima autoridad en materia de justicia electoral, garantizando así el respeto a la Constitución.
Allison remarcó que no existe ninguna función usurpada en el accionar del JNE y atribuyó el problema actual a un estilo político que favorece el enfrentamiento y la falta de diálogo. «El Congreso intentará dañar, pero al final no va a prosperar porque es un mamarracho jurídico», concluyó, reafirmando su confianza en que la denuncia no subsistirá ante la realidad constitucional y legal del país.










