Beangel Toro Montecinos, una ciudadana venezolana vinculada al asesinato de Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’, perdió la vida el pasado 30 de septiembre en un trágico accidente de tráfico. El siniestro tuvo lugar en la autopista General José Antonio Páez, en el estado de Portuguesa, Venezuela, y su fallecimiento fue confirmado por la defensa legal de Ronald Toro Artila, presunto financista del crimen. Este incidente marca un giro significativo en un caso que ha tenido amplio eco mediático y ha generado numerosas repercusiones tanto en Perú como en Venezuela.
La defensa de Toro Artila reveló que, lamentablemente, Beangel Toro también viajaba con su hija de seis años al momento del accidente, el cual fue causado por el vuelco de una unidad de transporte público, en el que viajaba su pareja, Adrián Azuaje Solís, también implicado en el asesinato de China Polo. El accidente resultó en un saldo trágico de tres personas fallecidas y cinco heridas, lo que añade un matiz aún más doloroso a un caso ya de por sí desgarrador. Este accidente genera inquietudes sobre la seguridad en las carreteras de Venezuela, especialmente en un contexto donde el crimen organizado y los vínculos con el homicidio en cuestión están tan entrelazados.
El caso de China Polo se centra no solo en su asesinato, perpetrado el 19 de septiembre en Caraz, sino también en las circunstancias que rodearon su muerte. Las investigaciones apuntan a que Beangel Toro Montecinos y su pareja, Azuaje Solís, desempeñaron roles cruciales en la planificación del atentado, observando y marcando el terreno previo al ataque. Las imágenes de cámaras de seguridad los han situado en su entrada a un hospedaje en la localidad, donde se encontraban junto a Luis Obispo Díaz, el presunto autor material del crimen, y otro individuo identificado como ‘Morocho’. Esto demuestra la profundidad de la investigación y el alcance de la conexión entre los involucrados.
A raíz del asesinato de China Polo y la captura de Luis Obispo Díaz, Beangel Toro y Azuaje Solís huyeron hacia Venezuela, lo que complica aún más los esfuerzos de las autoridades peruanas por llevar a cabo la justicia. En este contexto, los procesos judiciales siguen su curso: el juez Miguel Dueñas Arce ha dictado una prisión preventiva de 18 meses para los implicados que todavía permanecen en Perú. Esta medida busca evitar que los acusados se evadan de la justicia, mientras las indagaciones continúan en torno a la red que podría haber orquestado el ataque contra la periodista.
Además de ser una investigadora incansable, China Polo había denunciado presuntos actos de corrupción en su plataforma digital. Justo antes de su asesinato, había anunciando la publicación de información delicada sobre candidatos de la Alianza para el Progreso y presuntas irregularidades en la gestión pública en Chiclayo, lo que sugiere que su muerte podría estar relacionada con sus investigaciones. La comunidad periodística y la sociedad civil están al acecho de respuestas, a la espera de que se esclarezcan los motivos detrás de este atroz crimen y se haga justicia en memoria de la valiente comunicadora.
