Sánchez disuelve las Cortes y convoca elecciones el 29 de noviembre

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El anuncio de la disolución de las Cortes por parte del presidente **Pedro Sánchez** ha generado un terremoto político en España. Con una voz firme y la mirada determinante, Sánchez ha dejado claro que la situación actual del Gobierno, marcada por el bloqueo de los decretos de vivienda y la falta de apoyos en el Congreso, no puede continuar. El presidente ha decidido poner fin a esta legislatura anticipadamente, convocando nuevas elecciones para el próximo 29 de noviembre de 2026. Este giro inesperado pone en jaque a los principales partidos, obligándolos a reajustar sus estrategias en un tiempo récord.

Después de meses de inestabilidad, en los que intentos de acuerdos y pactos han ido cediendo ante la fragmentación política, la decisión de disolver las Cortes parece inevitable. La reciente derrota sufrida por el Gobierno en el Congreso, donde sus socios y la oposición tumbaron los decretos cruciales sobre vivienda, ha dejado a Sánchez sin capacidad para avanzar en sus propuestas legislativas. Este escenario ha llevado al Ejecutivo a buscar un nuevo mandato en las urnas, marcando el inicio de una campaña política que promete ser intensa y corta, con un alto grado de incertidumbre sobre su desenlace.

La elección del 29 de noviembre no es meramente simbólica; está regulada por la **Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)**. Dicha ley establece que los comicios deben celebrarse 54 días después de la publicación oficial del decreto de disolución en el **Boletín Oficial del Estado (BOE)**. De esta manera, el Gobierno ha calculado cuidadosamente los plazos para asegurar que los españoles acudan a las urnas en domingo, tal y como los procedimientos democráticos dictan. Esta meticulosidad en la planificación subraya la importancia que el Ejecutivo otorga a este proceso electoral, en el que se juegan no solo los próximos cuatro años de Gobierno, sino también la estabilidad del país.

Los partidos políticos se encuentran ya en una carrera contrarreloj para establecer sus candidaturas y formar coaliciones. La ley electoral les concede un tiempo limitado para negociar alianzas y ajustar listas en las juntas provinciales. La campaña oficial comenzará dos semanas antes del día de la votación, so pena de enfrentar un sábado de reflexión en el que la propaganda electoral quedará suspendida, permitiendo a los votantes tomar decisiones sin presiones externas. Este breve espacio de tiempo representa un desafío significativo para los partidos, quienes deben comunicar sus mensajes y atraer electores de manera efectiva en un entorno político altamente polarizado.

El proceso electoral en cuestión se rige por la compleja **Ley D’Hondt**, que establece cómo se distribuyen los escaños en el Congreso. Los votantes no eligen a los candidatos de forma directa, sino a las listas provinciales que superan el umbral del 3% de los votos válidos. A partir de ahí, los votos se dividen sucesivamente, lo que puede favorecer a ciertos partidos y perjudicar a otros, dependiendo de la demografía de cada provincia. Este sistema, que ha sido objeto de debate durante años, crea desigualdades en el valor del voto, especialmente entre provincias más y menos pobladas. Esta complejidad añadida a la contienda electoral convierte cada decisión en las urnas en un factor decisivo.